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Intenso debate generó el informe presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que determina la identidad de los presuntos responsables de la violación de los derechos establecida en la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Quintana Coello y otros vs Ecuador, referente a la cesación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por parte del Congreso Nacional en el año 2004.

En el debate intervinieron 19 parlamentarios. El tema central de análisis fue el derecho de repetición que tiene el Estado para solicitar la devolución de recursos pagados por daños producidos por funcionarios públicos.

También los parlamentarios se refirieron a la inmunidad que tienen los diputados, que no son responsables de sus votos y sus actos, pero en el ejercicio de sus funciones.

El legislador Luis Fernando Torres señaló que la resolución que adopte la Asamblea Nacional no puede limitarse a aprobar el informe de la Comisión sino que junto a este documento tiene que ir una decisión final del Pleno con los respectivos considerandos y que es necesario señalar claramente cuándo responde un legislador en materia civil.

Ximena Ponce aclaró que a través del informe presentado por la Comisión de Justicia no se toma ninguna decisión sobre el hecho político que tiene relación con la destitución de los jueces de la Corte, sino que los parlamentarios son parte de un debido proceso que respalda una acción de repetición con elementos que constan en la Constitución del 98 y se fortalecen en la Carta Magna de 2008.

Ramiro Aguilar sostuvo que el debate debe servir para clarificar si un asambleísta es o no responsable civilmente por su voto; mientras que el legislador Antonio Poso recordó que en el 2004 cuando se instaló la sesión del Congreso para destituir a los magistrados se cometió una barbaridad e ilegalidad, al tiempo de señalar que no entiende por qué se analiza este tema en el Pleno cuando es un tema eminentemente administrativo.

Gabriel Rivera señaló que la Constitución determina que los parlamentarios no son responsables de sus votos, pero en el ejercicio de sus funciones, por tanto, el Congreso del 2004 no actuó dentro de sus atribuciones y competencias al cesar a los magistrados de la Corte Suprema.

El legislador Gilmar Gutiérrez aseveró que en la consulta popular del 25 de mayo de 1997, la ciudadanía se pronunció por la modernización de la Función Judicial y el Congreso Nacional tenía expresa facultad para interpretar la Constitución.

Fausto Cayambe precisó que en el informe de la Comisión solo se determina a presuntos responsables, pero la discusión no está en la inmunidad parlamentaria sino en el derecho a la repetición que tiene el Estado para que se le devuelvan recursos económicos, tema que se resolverá en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Franco Romero indicó que el Pleno tiene que aprobar una resolución debidamente motivada y sugirió nombrar una comisión que redacte la resolución motivada. Por su parte el asambleísta Andrés Páez afirmó que en el informe del Procurador se comete un grave error al tratar a los diputados como funcionarios.