Asamblea entra en proceso de recuperar USD 15 millones contra 52 diputados que destituyeron a Jueces
- La Voz De la Ciudad
- 7 sept 2015
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En las manos del legislador Mauro Andino (Alianza País), presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea, se encuentra el listado de los 52 diputados que el 8 de diciembre del 2004 destituyeron a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Está a la espera de la nómina de los diputados que, en la sesión del 25 de noviembre del 2004, hicieron lo mismo con los jueces del ex Tribunal Constitucional.
Hasta el 24 de septiembre próximo esta Comisión deberá identificar a esas exautoridades parlamentarias, con el objetivo de aplicar el principio de repetición y para que asuman económicamente la indemnización que el Estado canceló a los exmagistrados -destituidos durante el gobierno de Lucio Gutiérrez- por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En noviembre del 2013, tras un litigio de nueve años, el Estado fue condenado a pagar una millonaria indemnización por la destitución de los 27 exjueces y nueve exvocales constitucionales, por considerar que hubo violación de derechos. Esta suma, que bordeaba los USD 15 millones, ha sido cancelada parcialmente, y en marzo del 2016 deberá estar saldada. Si bien fue la Procuraduría la que llevó la defensa en este caso, el 14 de julio d
el 2015 el procurador general, Diego García, solicitó a la Legislatura que determinase la identidad de los presuntos responsables de esas violaciones de derechos.
Para el legislador Luis Fernando Torres, quien formó parte del Congreso del 2004 como miembro de la bancada socialcristiana y votó en contra de la destitución, el pedido del Procurador pone a la Presidenta de la Asamblea Nacional “entre la espada y la pared”. La razón es que si Gabriela Rivadeneira no inicia un juicio por repetición, podría ser demandada en un futuro por omisión. En este escenario existe un solo camino: identificar y demandar a los responsables.
Por eso, antes del receso legislativo, la Comisión de Justicia solicitó a la Secretaría de la Asamblea documentos como la convocatoria que Lucio Gutiérrez realizó a las sesiones extraordinarias del Congreso en el 2004, la nómina de los diputados que intervinieron en esas sesiones para conocer quienes votaron a favor de la destitución, quienes se abstuvieron así como los ausentes.
Este informe final será presentado al Pleno de la Asamblea a finales de mes. Andino cita el artículo 67 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que determina que los funcionarios públicos son responsables por sus acciones u omisiones en el ejercicio de sus acciones

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